Partido Liberal Colombiano

En su condición de director del Partido Liberal Colombiano, Rafael Pardo, le envió en las últimas horas una carta al Presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, en la que le pide revocar el asilo político concedido por ese Gobierno a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y expone las razones jurídicas y políticas para su petición.

“No existe razón alguna para argumentar que las interceptaciones ilegales constituyeron “delitos políticos” en cuanto no están presentes sus elementos constitutivos. Para la doctrina jurídica, un “delito político” es aquel que se efectúa en contra del régimen o del Gobierno de un Estado, algo que claramente no se aplica al caso en cuestión”.

El jefe del liberalismo le dice al Presidente Martinelli, que la ausencia de María Pilar Hurtado, fundamental en el proceso de investigación y en la determinación de responsabilidades, obstaculiza los esfuerzos de búsqueda de la verdad y la aplicación de justicia, y atenta contra la fortaleza de las instituciones que no podrán responder a la exigencia básica de toda sociedad, como garantizarle que se persigue y condena el delito, cualquiera sea su origen.

“Ni el asilo ni el refugio pueden convertirse en instrumentos de impunidad. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a prestarse cooperación judicial para luchar contra la impunidad de violaciones graves a los derechos humanos”.

Pardo también dice que como víctima directa y representante de uno de los grupos políticos más afectados por los seguimientos ilegales de DAS, le pide de forma respetuosa, revocar su decisión. “El Partido Liberal, que dirijo desde 2009, fue víctima directa de las interceptaciones ilegales. La Dra. Hurtado debe proporcionar la verdad no solo a nosotros las víctimas sino a todos los ciudadanos colombianos”.

El siguiente es el texto completo de la carta:

Bogotá, 22 de noviembre de 2010

Excelentísimo Señor

Ricardo Martinelli

Presidente República de Panamá

Respetado Señor Presidente:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en nombre del Partido Liberal Colombiano, para referirme al estatus de asilo que le fue otorgado por el Gobierno de Panamá a María Pilar Hurtado, antigua directora del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS –.

Esta decisión soberana del Gobierno de Panamá tiene tal impacto político en una nación amiga, que considero necesario hacerle partícipe de algunos elementos suficientes para sugerirle de forma respetuosa que considere la posibilidad de revocar tal decisión, que también ha generado una profunda extrañeza en el campo jurídico internacional.

Las interceptaciones ilegales y masivas requieren un absoluto esclarecimiento en las instancias judiciales Las revelaciones en torno a las interceptaciones ilegales y masivas a líderes políticos, magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas escandalizaron a la opinión pública nacional. Los colombianos esperamos que estos hechos no queden en la impunidad.

La ausencia de María Pilar Hurtado, fundamental en el proceso de investigación y en la determinación de responsabilidades, obstaculiza los esfuerzos de búsqueda de la verdad y la aplicación de justicia, y atenta contra la fortaleza de nuestras instituciones que no podrán responder a la exigencia básica de toda sociedad, como garantizarle que se persigue y condena el delito, cualquiera sea su origen. Está claro que un proceso de esta naturaleza tiene repercusiones políticas.

Pero ello no significa que la Fiscalía General de la Nación o los jueces de la República actúen en respuesta a lineamientos políticos. La justicia colombiana es independiente y ofrece garantías para víctimas, testigos e inculpados.

En su último informe sobre Colombia, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó: “El reto actual es establecer las responsabilidades y circunstancias que facilitaron el desarrollo de estas actividades ilegales por el DAS e identificar a quienes las permitieron y a quienes se beneficiaron de ellas… La impunidad, así como la ausencia de controles democráticos y de supervisión sobre los servicios de inteligencia, permitieron que estas conductas criminales pudieran ser cometidas.” Si el Estado colombiano aspira a dar garantías de no-repetición de violación de derechos humanos básicos, como lo son el derecho a la intimidad y el derecho a la honra, la justicia debe poner la verdad y toda la verdad antes la ciudadanía y fallar en conformidad con ella. Nuestra rama judicial merece la confianza, el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional.

La Dra. María Pilar Hurtado no es objeto de persecución política Conforme a la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, “ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos”. De igual manera, el Tratado de Extradición entre Panamá y Colombia estipula que “no habrá lugar a la extradición cuando se trate de delitos políticos”.

No existe razón alguna para argumentar que las interceptaciones ilegales constituyeron “delitos políticos” en cuanto no están presentes sus elementos constitutivos. Para la doctrina jurídica, un “delito político” es aquel que se efectúa en contra del régimen o del Gobierno de un Estado, algo que claramente no se aplica al caso en cuestión. Ni el asilo ni el refugio pueden convertirse en instrumentos de impunidad.

El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a prestarse cooperación judicial para luchar contra la impunidad de violaciones graves a los derechos humanos. En cuanto a los temores de la Dra. María Pilar Hurtado, no tengo la menor duda que el Estado colombiano estará dispuesto a suministrarle la protección que fuera necesaria. El Partido Liberal, que dirijo desde 2009, fue víctima directa de las interceptaciones ilegales.

La Dra. Hurtado debe proporcionar la verdad no solo a nosotros las víctimas sino a todos los ciudadanos colombianos. Solo un proceso que responda a las demandas de justicia en Colombia, conducido con transparencia y conforme a los estándares internacionales, nos acercará a la “a la estabilidad política y social en la región” (Comunicado de la Cancillería de Panamá, 19 de noviembre del 2010), a la cual tanto usted como nosotros desde Colombia, aspiramos. Estas dos planteamientos son razones suficientes para solicitarle, de manera respetuosa, la revocatoria de la decisión tomada en el sentido de conceder asilo a la señora María del Pilar Hurtado, todo en el ambiente de amistad, colaboración y buenas relaciones que históricamente han tenido nuestras dos naciones.

El Partido Liberal Colombiano siempre ha sido solidario con la causa de Panamá. Fue precisamente un liberal, el Dr. Alfonso López Michelsen, uno de los gestores de la entrega del Canal a su país en calidad de Presidente de la República, amigo de Panamá y admirador en vida de la vocación democrática de esa importante nación latinoamericana.

Esa visión es compartida por nuestra colectividad que espera que hoy Usted tenga en cuenta estos argumentos y los presentados por algunos compatriotas en el mismo sentido, para revocar la decisión tomada y facilitar que el proceso jurídico y de búsqueda de la verdad que requiere nuestra patria, sea una realidad. Reciba un cordial saludo.

Rafael Pardo Rueda

Director Partido Liberal Colombiano