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El coautor de la ley de víctimas y restitución de tierras advirtió que muchos campesinos que han regresado a sus tierras han sido amenazados y asesinados.
Un año después de un debate de control político convocado por el representante a la Cámara Guillermo Rivera, este congresista Liberal hizo un nuevo debate para denunciar los delitos que a diario se cometen contra los líderes sociales que trabajan por la restitución de tierras de miles de colombianos que las han perdido. También reiteró la petición del liberalismo de proteger a las familias que han tratado de retomar sus actividades agrarias en terrenos que les fueron arrebatados.
“Hace un año, quienes hoy fungimos como citantes de este debate, hicimos otro sobre la misma materia. Todo esto para mostrar una radiografía general del despojo de tierras en Colombia e insistir en la necesidad de incorporar en el entonces proyecto de ley de víctimas un procedimiento de justicia transicional que garantice la restitución de las tierras que fueron despojadas por los violentos”, recordó el representante Liberal a la Cámara.
Guillermo Rivera, coautor de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, citó a este debate de control político a los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, de Transporte, Germán Cardona, y al superintendente de Notariado y Registro, Juan Manuel Ospina. En la sesión, Rivera les reiteró la solicitud a los representantes del Gobierno Nacional investigar los delitos que se han cometido en contra de los colombianos que han luchado por la restitución de sus tierras.
En su intervención, el representante Liberal en el departamento del Putumayo, agregó que el Estado tiene dos grandes retos: el de proteger a las víctimas que hoy reclaman sus tierras porque las están asesinando, y el de impedir que los poderosos intereses económicos, políticos y criminales que existen detrás de la propiedad rural objeto de despojo, frenen o dilaten la restitución de tierras.
Contexto histórico
Alrededor de la economía bananera de los años 80s aparecen en la región las FARC y el EPL, los primeros con el propósito de capturar rentas y aprovechar la ubicación geoestratégica de la región y los segundos en su empeño de movilizar campesinos y obreros bananeros en torno a su doctrina maoísta.
Una vez las FARC y el EPL ponen en riesgo al empresariado bananero éstos acuden a las autodefensas de Carlos y Fidel Castaño. Las autodefensas se expanden en la región usando principalmente dos estrategias. La primera de ellas es la lucha contrainsurgente por medio de masacres y homicidios selectivos, lo cual permite controlar – y en ocasiones eliminar – las bases sociales de la guerrilla.
La segunda razón que explica la violencia en Urabá fue la estratégica ubicación cercana al mar, sin la presencia que las autoridades del Estado tenían en los principales puerto de Colombia, lo cual permitió establecer y controlar las rutas de narcotráfico por parte de las Autodefensas; esas rutas le fueron disputadas a los remanentes del Cartel de Medellín. Turbo ha sido desde la Colonia un lugar estratégico para el paso del contrabando comercializado en la ciudad de Medellín, y luego se convirtió en sitio especializado en el despacho de droga para Centroamérica.
Así las cosas, Urabá, en las tres últimas décadas ha sido un escenario de guerra con miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de desplazados y despojados.
“Como lo expresamos al principio, la ley de víctimas y restitución de tierras significó un gran avance en materia de derechos humanos y resarcimiento patrimonial a los despojados”,recordó el representante Liberal. En particular este último, es decir la restitución de tierras tendrá que enfrentar oscuros, mafiosos y poderosos intereses que se opondrán a ese propósito. Urabá es un escenario que permite mostrar la dimensión de este fenómeno. Para ilustrarlo me propongo mostrar dos hechos emblemáticos.