Partido Liberal Colombiano

Tomado de El tiempo.com

La sanción de la ley de víctimas generó una ola de esperanza y optimismo en millones de compatriotas afectados por el conflicto armado. Son ciudadanos que por primera vez sienten al Estado con la decisión política de asumir el desafío de la reparación integral. Los estudios de opinión de los últimos días demuestran, además, una sociedad dispuesta a contribuir en ese propósito, incluso pagando impuestos para ello. Al tiempo que soplan vientos de esperanza en una sociedad más justa y solidaria con sus víctimas, crece también la reacción contra la ley de sectores minoritarios y radicales. Se juntan los extremos.

La izquierda radical y la derecha delirante coinciden en sus ataques a la ley. Los unos porque consideran que todo este proceso es una falacia del "establecimiento" y los otros señalan que quienes impulsamos esta política pretendemos quebrar el Estado, poner en duda la propiedad de la tierra y generar nuevos conflictos en el país. Afortunadamente son voces aisladas y minoritarias.

Ahora nos corresponde trabajar intensamente en la reglamentación e implementación de una iniciativa histórica para el país. El Congreso y el Gobierno estamos juntos en esa tarea, conscientes de que estos meses serán definitivos para asegurar el éxito de la ley.

Y son tres los grandes retos que tenemos por delante: garantizar seguridad para las víctimas, construir una nueva institucionalidad eficaz y promover una participación activa de las víctimas. Las amenazas de los últimos días contra líderes de víctimas nos recuerdan que este tema de la seguridad debe ser el primero en la agenda.

Hay que modificar radicalmente el programa de protección de víctimas, determinar una única entidad responsable, crear un sistema efectivo y oportuno de alertas tempranas y cuidar a los líderes de víctimas sin menospreciar ninguna queja.

Un solo hecho de violencia sería fatal, porque los mafiosos pretenden demostrar a las propias víctimas que es imposible pensar en la restitución de sus tierras despojadas. Esos sectores ilegales, legitimados de alguna manera desde la propia legalidad con sus posiciones extremas, buscan que se aplique la máxima de Andrés López del "deje así".

Y eso no lo podemos tolerar. De otra parte, las nuevas instituciones jugarán un papel clave en el desarrollo de la ley. Cómo accederán las víctimas al sistema nacional de reparación, de qué manera funcionará el registro único de víctimas y los centros de atención a las mismas, qué entidad coordinará la política con departamentos y municipios. Son interrogantes claves para resolver. Las nuevas entidades y su legitimidad ante las propias víctimas son fundamentales.

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas y el Centro de la Memoria Histórica serán ejes decisivos de esta política para garantizar indemnización, satisfacción, restitución y rehabilitación a las víctimas. Deben nacer bien estas estructuras, despolitizadas, con funcionarios capacitados especialmente para atender exclusivamente a las víctimas, sin confundir su derecho a la reparación con las limosnas de los programas asistenciales. Y finalmente está el desafío de asegurar una vocería fuerte de las víctimas en todo este proceso.

La ley no tendrá éxito si las víctimas no se apropian de ella, si no la manejan, la divulgan y contribuyen con el Estado a su cabal cumplimiento. Necesitamos que surjan unas nuevas organizaciones de la sociedad civil, democráticas y con amplia representatividad.

En fin, una ley sin antecedentes en el país y ejemplar en el mundo arranca con grandes expectativas, así algunos pocos se hayan apuntado a su fracaso. Si hacemos las cosas bien, el 10 de junio del 2021 podremos afirmar que la ley se cumplió y produjo una transformación histórica en la sociedad, convirtiéndose además en un poderoso instrumento de paz. Esta será la década de las víctimas, tras varias décadas que fueron solo de los victimarios.