Partido Liberal Colombiano

A mí me asusta mucho cuando me ofrecen homenajes o condecoraciones. Siempre me estoy imaginando que a uno lo quieren sacar ya del todo. Yo ya me conformé con que yo ya me salí del todo…. El Dr. Pardo lo sabe cuando le entregué la Dirección Liberal.

Una sola vez he acatado cuando me lo pidieron los parlamentarios y el director del Partido, después de elecciones parlamentarias, para básicamente decir que ganáramos o perdiéramos, íbamos a participar en la segunda vuelta. Dije que este no era un partido que fuera a decretar la abstención, ni que fuera renunciar a ella, y que sí iríamos a tomar decisiones, que después tomó el director del Partido.

También lo hice para apoyar al actual Presidente de la República, Juan Manuel Santos, después de que él, con toda claridad, quería el apoyo del Partido Liberal, y eso fue suficiente para mí porque no tenía duda de que el Sr. Presidente sería un buen Presidente de la República, si el país votaba por él.

Los que me conocen saben que en ocasiones como esta siempre escribo, y hoy no lo hice porque al hablar después de seis personas quizás todas mis palabras iban a ser repetitivas y porque más que referirme al pasado, quiero hablar del presente No para darle consejos al Presidente Santos, que no me los está pidiendo, sino para dirigirme a quienes están presentes, que aunque hay gente de otros partidos, está lo más representativo del Partido Liberal. Quiero que me escuchen con la Constitución del 91 hoy. Qué es lo que nos ha salido, qué es lo que no nos ha salido, de qué tiene la culpa la Constitución y qué nos falta por hacer. Porque por allí ha cundido la idea de que echamos al mar el cambio político o que somos un partido del Statu Quo, estamos amarrados y vamos a detener los cambios políticos que este país necesita. De manera que voy a hacer unas pequeñas referencias a los antecedentes de la Constitución y fundamentalmente quiero hablar del presente.

Contexto histórico

Quiero empezar por decir que es difícil que la gente se acuerde de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Les quiero recordar las siguientes situaciones: justicia secreta, que yo participé en ese proceso. Haber puesto la justicia secreta y los testigos secretos, además de poner a los jueces de orden público a vivir aislados del resto de la población con sus familias es algo difícil para esas instituciones. Todos recuerdan que el Presidente Virgilio Barco tenía que escuchar testigos para él mismo dar la orden de detener a determinadas personas. En cuanto al terrorismo, es una de las grandes amenazas que ha tenido la vida colombiana, y luego el episodio más grave que ha ocurrido con relación del fenómeno del narcotráfico. Las primeras masacres de los paramilitares, que ocurrieron en el Gobierno del Presidente Barco y las muertes sistemáticas de los dirigentes de la UP, que es un episodio vergonzoso para la realidad colombiana. En uno de esos episodios salió gravemente herido el Presidente Ernesto Samper. De manera que la situación que se había creado era particularmente grave, además de los otros problemas que también se habían generado.

Empezamos un proceso, con una propuesta de plebiscito, después con un intento de reforma constitucional. Allí en las discusiones que hubo entre el presidente de la Dirección Liberal y el ex senador Luis Carlos Galán, en proceso de unión liberal se dio en torno a ese proceso de la reforma constitucional. Allí tuve la oportunidad de conocer cercanamente a Galán, de conocer cómo habían evolucionado sus ideas hacía el Partido Liberal. La Fiscalía ya era una institución que se había atemperado, que venía de la reforma del ex presidente Turbay, como la reforma a la justicia, que había sido una propuesta del Presidente López en la malograda Constituyente. Cómo la nueva carta de derechos que redactaron entre Manuel José Cepeda y Carlos Restrepo Piedrahita, y a la cual no habido peor oposición en la política colombiana que esa que se dio cuando la presentamos por primera vez. No hubo un solo columnista que no opinara pestes de lo que íbamos a hacer. Por colgar la Constitución, algo que hoy en día está diciendo el Sr. Procurador, que esos eran deseos, aspiraciones y que eso no podía tener fuerza constitucional. Primero los derechos que las leyes, primero los derechos que la autoridad, esa fue la reacción y eso fue lo que significó la Constitución de 1991. Quisiera decir algo muy preciso. Esa fue una reacción, tal vez por primera vez en la historia de Colombia, que frente a un fenómeno de desafío de quebrantamiento de la autoridad y de legitimidad, la sociedad colombiana no reaccionó con el alzamiento armado ni con la guerra civil. Esto no se concibió como una  Constitución impuesta. Reaccionamos de manera democrática y no autoritaria, reaccionamos con una Constitución que lo que hace es eliminar la arbitrariedad, no reaccionamos con una respuesta simplemente defendiendo el principio de autoridad a raja tablas con la ley a raja tablas. Y eso es lo más importante de la Constitución de 1991.

Quisiera señalar algunos de los comentarios que hicieron Antonio Navarro y Horacio Serpa: el primero tiene que ver con la reelección. Sí, dije todas esas cosas y una más que no está tan presente. La instituciones constitucionales no se pueden hacer intuito persona, la reelección no se podía hacer pensando en alguien en especial. Tenía que ser una norma de carácter general. No se podría pensar en el presidente de la República o si yo me iba a oponer a ellas. Yo creo que las normas constitucionales  no se pueden hacer intuito persona y ese fue uno de los argumentos que tuve para no apoyar la reelección en su momento.

Segundo. El tema que ha traído Antonio Navarro, el de la decisión que había tomado el M-19 de que iban a inhabilitar a los constituyentes. Sí, esa fue una decisión muy importante porque abrió camino a algo que para mí era esencial. Lo voy a explicar con detalle: la fundamentación de la convocatoria de la Constituyente fue totalmente política, era algo que ya se había realizado en 1958 cuando se hizo el Plebiscito para restablecer el orden constitucional. Era el acuerdo de los cuatro principales partidos políticos, los que estaban representados en el Congreso, para acometer una reforma de la Constitución que fuera más allá de los instrumentos tradicionales. De manera que ese acuerdo político que realizamos era una acuerdo del que había que ser respetuoso. Sí, la Corte Suprema que era la que ejercía la función constitucional, afortunadamente quitó el temario, le dio a la constituyente la posibilidad de cambiar la Constitución como así lo quisiera pero es bueno tener en cuenta que esa decisión implicaba ciertos acuerdos. Que no se iban a remover las autoridades elegidas, que esos acuerdos fueron pactos y no se podían violar salvo por acuerdo político, y cuado Antonio Navarro y el M-19 tomaron esa decisión se abrió el camino para que esa fuera una fórmula con la cual el Partido Liberal pudiera aceptar esa decisión de la Constituyente.

Me enaltece el Presidente López, que en ese momento era el jefe del Partido, que con todos los desacuerdos que tenía de cómo se convocó esa constituyente a pesar de que pensó seriamente en hacerse elegir pero descartó eso por razones que no vale la pena traer, el presidente López dijo: “bajo las reglas de que no van a aspirar los constituyentes bajo esa regla el Partido Liberal sí acepta que se revoque el Congreso”, y con la autoridad que él tenía con algún liderazgo que yo podría tener en mi partido logamos que el Partido Liberal que había dicho las cosas a las que han hecho referencia Antonio Navarro y Horacio Serpa, aceptó unánimemente esa decisión y nos ahorramos dos cosas, que de verdad hubiera tensiones políticas graves, y en este país las tensiones políticas graves usualmente han terminado en violencia, pero sobretodo que no afectáramos el acuerdo político con el cual habíamos transitado durante todo ese período. Esa conclusión del proceso Constituyente con acuerdo de todos los partidos para respaldar lo que allí se había decidido y para aceptar la revocatoria del Congreso constituyó un asunto fundamental en su momento porque en gran medida tuvo que ver con la legitimidad de la Asamblea Constituyente.

Lo que dice Antonio Navarro, sobre la propuesta para presidir la Asamblea, yo lo que quiero es hacer esta reflexión. A alguien se le ocurrió que una Presidencia colegiada podría funcionar para cambiar la totalidad de la Constitución. Creo que era una fórmula muy ingeniosa pero terriblemente riesgosa y sin embargo fue muy afortunada. Nunca hubo desacuerdo entre los presidentes. El reglamento de la Asamblea será supremamente sencillo, no se hizo un reglamento como el del Congreso, que permite una cosa y permite la contraria. Se hizo un reglamento supremamente sencillo, se respetaron todas las votaciones, no hubo ningún  desacuerdo sobre eso, nadie puso en duda las decisiones que allí se tomaron y por eso no fue imposible sacarla adelante. Lo que sí les quiero decir, es que fue bastante riesgoso sacar adelante una Presidencia colegiada. Era presumible que iba a haber enormes diferencias, creo que hubo muy pocas. El Dr. Navarro y el Dr. Gómez se salieron con las suyas.

También quiero hablar un poco sobre el Dr. Álvaro Gómez Hurtado. Para nadie era un secreto que para él aceptar el rumbo que habían tomado las cosas resultaba bastante difícil. Él tuvo la grandeza histórica de entender que eso era lo que quería la sociedad colombiana y de darle una vuelta a la Constitución. Entre otras cosas, quiero recordar un incidente que no fue menor. El que la constituyente era omnímoda y soberana, omnipotente y soberana. Qué susto aquel. Tengo que confesar que fue uno de los momentos más difíciles de ese proceso, qué es lo que el Dr. Gómez tiene en mente hacer, me peguntaba yo en ese momento. Yo diría que dos cosas: la nueva Constitución en gran medida en que la Constituyente era omnipotente y autónoma, y eso lo que de alguna manera creó el sentimiento de que sí se podía expedir una nueva Constitución. También debió tener en mente todo lo referido a la revocatoria del mandato y de no aceptar las reglas del acuerdo político. Finalmente todas las fuerzas políticas lograron ponerse de acuerdo

Desde el 91´ cómo han funcionado las instituciones

Ha habido muchas críticas sobre el debilitamiento de los partidos políticos. En efecto en la Constituyente había un sentimiento anti partidos políticos, aún en la bancada liberal, entre las cuales había muchas personas contestatarias. Había mucho sectores contestatarios y religiosos que por primera vez tenían un espacio político.

Eso se empezó a enmendar en la reforma política de 2003 en la que participó activamente Rafael Pardo y otros partidos políticos. Hacía la modernización de la política, creación de la Ley de Bancadas, crear la disciplina partidaria. Creo que se avanzó mucho, en la última legislatura del Presidente Álvaro Uribe tratamos de hacer una reforma política ambiciosa. El Liberalismo se tomó la idea de la silla vacía para dar una muestra del compromiso con el que quería hacer una reforma política, también quisimos tratar de subir el umbral así como crear listas únicas.

Se dice mucho que la Constitución quedó muy larga, y la comparan con la de Estados Unidos. El sistema anglosajón es muy distinto, tanto que en Inglaterra no hay Constitución. Lo importante son los fallos de las cortes, su Constitución es muy pequeña, ellos se guían por los fallos de las cortes. Tiene el carácter de Constitución, se tienen que acatar. Eso es lo que la hace tan distinta. Yo les pregunto a quienes dicen que la Constitución es muy larga, ¿qué es lo que le quieren quitar? Yo estaría de acuerdo con que desconstitucionalizáramos muchos aspectos. Sí se puede, se pueden convertir en leyes reglamentarias.

Se habla del pecado del presidencialismo. El Presidente Samper tenía el temor de que la Constitución había debilitado mucho el poder presidencial y que era muy difícil gobernar. Tengo la impresión de que no pero respeto la opinión del Presidente Samper. Cuando el Presidente Uribe llegó al gobierno con esa misma Constitución y gobernó como gobernó llegué a una conclusión diferente. De que quizás le dejamos demasiado poder al Presidente y no poquito.

Se habla mucho de que la Constitución falló en la depuración de las costumbres políticas. Y que la política sigue siendo igual. Yo tengo una visión muy diferente: se eliminó la inmunidad. Hoy los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, el único argumento para la inmunidad era el que hubiera jueces partidistas que persiguieran a los parlamentarios. Creo que esa fórmula ha servido para que nadie esté por encima de la Ley. Y hoy en Colombia nadie está por encima de la Ley, sólo el Presidente de la República. Con la pérdida de la investidura creo que se han cometido excesos y no sé porqué el Congreso y los gobiernos de turno no se han preocupado por hacer una Ley de pérdida de investidura donde las incompatibilidades y los conflictos de intereses estén mucho más expresos y más claros para que eso no esté al vaivén de las interpretaciones. A mí me enseñaron que las inhabilidades deben ser expresas, muchas personas pierden las investiduras por interpretaciones no por inhabilidades expresas, y creo que ahí hay que trabajar.

Se critica que la justicia y los órganos de la justicia se politizaron al proponer candidatos. Las cortes han cometido algunos errores, se han dejado someter a las presiones, a las visitas, sin embargo yo pensaría dos veces cambiar eso. A mí me parece bueno que el Procurador pueda ser postulado por el Presidente o por las cortes. Creo que ya no estamos para que el procurador sea una figura que proponga el Presidente. Me parece que los orígenes de la composición de la Corte Constitucional son una buena decisión, aunque hay algunas cosas que han salido bien y otras mal. En la elección de contralor se cometieron errores pero el tiempo y la actitud de las cortes lo han ido enmendando. No creo que sea un motivo para la politización de las cortes. A propósito del comentario que hizo el ex ministro Alberto Casas, de que se opuso a la creación de la Comisión Nacional de Televisión, y que hoy 20 años después tiene la razón. En otros casos nosotros tuvimos la razón. No presentamos el Consejo Superior de la Judicatura como quedó. Presentamos una fórmula mas simple, la Constituyente no siguió nuestra opinión, creó un cuerpo colegiado y eso no era una buena idea. Eso no se puede administrar colegiadamente. Nosotros propusimos una Fiscalía con un sistema como el americano, en el que el sistema acusatorio fuera puro y la constituyente con buen juicio no acogió nuestra propuesta, sino que convirtió al fiscal en un funcionario de la rama judicial.

Quiero decir que muchas de esas cosas fueron acatadas en el momento en el que se decidió. En lo que a mí tiene que ver, yo defiendo la Constitución integralmente pero sí tenemos que reconocer que hay cosas que sí salieron y otras que no, por ejemplo el reparto de las regalías. Ese reparto está en una Ley no en la Constitución, allá hay unos principios que se han tratado cambiar pero la repartición de las regalías no es un asunto constitucional, que si era mejor la cooptación absoluta que la fórmula que se adoptó.

La cooptación absoluta tiene ventajas y desventajas, quizás no ha salido bien la postulación de candidatos pero no creo que haya ningún problema grave. El tema de la reformabilidad en la Constitución, lo que hicimos fue simplificar la reforma de la Constitución, establecer que no hubiese mayorías calificadas sino simples, que prácticamente en la misma legislatura, es decir en un año, se pudiera cambiar. Nadie pretendió que eso fuera verdad absoluta ni que eso fuera intocable. La Constitución sí se puede cambiar, lo que pasa es que esos cambios tienen que ser sensatos y razonables. No es verdad que la Constitución no se pueda cambiar. La Constitución sí se puede cambiar. En lo que tenemos que pensar es en hacer una valoración de lo que sí ha funcionado y de lo que no ha funcionado, en cuáles de los problemas que hay hoy tiene problemas la Constitución y en cuáles tenemos que avanzar más.

El tema de la responsabilidad del Congreso, la constituyente tomó una serie de decisiones ambiciosas, como la pérdida de investidura, el tipo de inhabilidades, si permite que los congresistas desempeñen o no cualquier otro cargo público, la eliminación de los auxilios. La propia actuación de la Corte Suprema impide que los congresistas se salgan con la suya. La Constitución no tiene la culpa de que un presidente haya decidido repartir la administración pública a pedazos entre dirigentes políticos, y eso es origen de la corrupción, como tampoco tiene la culpa la Constitución de que se haya decidido repartir contratos públicos para ganar adhesiones en el Congreso. Eso es ilegal, es un delito y es una costumbre que con el paso se ha ido cimentando. Es algo muy peligroso porque le hace mucho daño a la sociedad porque corrompe la política. Eso es culpa del gobernante y no de la Constitución

En cuanto a la Reforma a la justicia, me alegré que el ministro Vargas Lleras haya dicho recientemente que no era por consenso que no se iba a cortar la reforma a la justicia, porque si uno quiere hacer una reforma el gobierno tiene que presentar unas ideas y oír a las cortes y tiene jugársela por unas ideas, defenderlas y tratarlas de sacarlas adelante. Como dijeron Humberto de la Calle y Manuel José cepeda en su intervención, claro que se han cometido algunos excesos con las tutelas, sin embargo el debido proceso es un derecho, muchas de las personas que acuden a la tutela por fallos que ya fueron expedidos por la Corte. Esos temas no se resuelven quitándole eficacia a la tutela. Se resuelven haciendo eficaz y pronta a la justicia, y si me preguntan que cambios hay que hacerle a la justicia hay que hacer, creo que hay que abreviar, conseguir que la justicia funcione con eficacia y eso es lo más importante. Lo demás no amerita cambios en la justicia. Ojalá que podamos recorrer ese camino.

Los problemas de la salud se han vuelto particularmente críticos. Algunos de los que opinan sobre los asuntos económicos que planteó la Constitución, le atribuyen a la Carta política las rebajas arancelarias. Esa es una potestad de cada uno de los presidentes de la República. Quien quiera subirlos los sube y quien quiera bajarlos los baja. Creo que hicimos bien pero creo que cualquier presidente puede subirlos y no pasa nada, es una facultad del mandatario de turno. Lo que está en la Constitución es el derecho a la competencia, libre escogencia y el origen constitucional de los subsidios para que no se fueran interpretar como auxilios. El proyecto de vivienda que lideró el ex ministro de vivienda de ese entonces, Ernesto Samper, tuvo origen a partir de las disposiciones de la Constitución, los subsidios de salud, el Sisben, que fortaleció tanto el Presidente Samper, las concesiones. Imagínense que no se pudieran hacer carreteras por concesiones, eso tiene origen en la Constitución. Hay otras cosas que no se han hecho, especialmente en el sistema de salud y que lamento mucho, y más con esta crisis que estamos viviendo. La Ley 100 no habla de integración vertical eso fue algo que se hizo después, el problema de lo que está pasando es que le están quitando a la gente el derecho a elegir la institución prestadora del servicio. Están obligando a los usuarios a que una determinada EPS tiene que ir a su clínica. Eso es inconstitucional, eso hay que romperlo, esa es la peor perversión de la integración vertical, la gente tiene derecho de ir al hospital que quiera, es más, tiene derecho a escoger médico que quiera, y si queremos reformar ese sistema sólo tenemos que ir a los principios constitucionales en los que está inspirada la Ley 100. Es por ahí que podemos empezar a quitar muchos de los daños que ha hecho la integración vertical, por la que no tengo particular simpatía, pero lo que no puede pasar es que le quiten a la gente el derecho a elegir. El día en el que las clínicas de las EPS tengan que competir con las demás estoy seguro de que no se van a cometer varios de los abusos y deterioro de la calidad del servicios. En cuanto al sueldo de los médicos y el personal, eso puede ser regulado por el Estado, eso no es de la Ley 100, eso obedece a la incapacidad del Estado por cambiar las cosas. Las jornadas laborales, las remuneraciones, nadie ha dicho que eso no se ha podido regular, es que no lo han querido hacer. Eso no es culpa de la Ley 100. No es culpa que hoy las decisiones las tomen los jueces, pues claro que los jueces las toman porque el Estado no es capaz de tomarlas. ¿Por qué la Superintendencia de Salud no es una instancia que diga si una persona tiene derecho a que la reciban en una clínica o no, si su enfermedad está en el POS o si eso lo tiene que asumir el Estado? ¿Por qué no lo puede hacer? La gente va a donde los jueces porque no tiene a quién acudir y obviamente no se puede someter a lo que le diga el hospital de la EPS, pero eso es una falla del Estado.

Necesitamos una Superintendencia que tome esas decisiones, claro que el que quede descontento puede ir a donde un juez, pero el juez también tiene que revisar por qué la Superintendencia tomó la decisión tomada. Les aseguro que esos problemas y ese número de tutelas se va a reducir a la mínima expresión, pero eso es culpa del Estado por no crear una superintendencia que de veras sea capaz de dirimir esos problemas. Los problemas que hay en ese tema no son culpa de la Constitución ni de la Ley 100, son por la falta de creatividad del Estado por dirimir esos problemas. Las decisiones de la Corte por lo general han sido todas razonables y sensatas, por qué no expedir una Ley Estatutaria para corregir esos problemas mirando las sentencias de la corte. Todos los gobiernos lo han tenido ahí pero no lo hacen. No sé por qué el Presidente Uribe, que conoce la Ley 100 también, como cualquiera porque fue ponente de ella porque no se propuso llenar esos vacíos por qué nos dejaron en esa incertidumbre, por qué no han definido el POS con más oportunidad para que no todo se tenga que pagar con el Fosyga, que es a la situación a la que hemos llegado hoy. Tampoco creo que la Superintendencia tenga la capacidad para saber si las EPS están desviando fondos o no por qué no hacen el esfuerzo de la Superintendencia financiera o crear un organismo de regulación que sólo haga eso. Las EPS no son tantas como para que alguien con mejores ojos no pueda mirar la parte financiera de desviación de recursos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, Créanme que no son culpa de la Constitución sino de la incapacidad que ha habido para hacerle a ese sistema los ajustes que eran necesarios.

Las dificultades

En los temas económicos tenemos un problema, que es el tema del Plan Nacional de Desarrollo que ha terminado siendo una cosa a la que se le cuelgan tantos asuntos, que la verdad, está destruyendo los buenos mecanismos que hay en la sociedad y el Estado para tomar buenas decisiones. Cuando la Constituyente miró la facultad que había incorporado el Presidente Carlos Lleras, de que la iniciativa del gasto era del Gobierno Nacional o del presidente y sus ministros, y no le dio vueltas a eso y llegó a la conclusión de que era mejor dejar eso quieto, que era muy peligroso meterse con eso. Eso es una cosa antidemocrática, quitarle al Congreso la facultad de intervenir en el presupuesto es bastante antidemocrática. Sin embargo, como eso había funcionado relativamente bien eso no se ha vuelto a tocar y la Constituyente prefirió no meterse con eso. Sin embargo, el Plan de Desarrollo se ha prestado para desquiciar ese criterio. Alguien dijo que era como una especie de árbol de navidad. Creo que está muy cercano de ser eso. Pero más allá de eso, qué nos ganamos con que la facultad la tenga el Presiente si los presidentes deciden frente a la plaza pública y no en el Conpes cómo se va a hacer el gasto público. Con que los subsidios, que la Constitución dice que tiene que estar dentro del presupuesto no lo están, no los ponen en el presupuesto y eso necesita transparencia. Necesita legitimidad política. Ese mecanismo de que las decisiones en el Estado se tomen así está pervirtiendo la iniciativa, la supuesta racionalidad que debe tener la iniciativa del gasto. Eso es algo que hay que cambiar, inclusive, para empezar, respetando la Constitución. Hay que volver un delito que los funcionarios entreguen subsidios sin el cumplimiento de los requisitos porque esa ha sido una terrible deformación. Hay que acabar con la costumbre que se ha creado de que eso es un favor político y no un derecho que tienen los ciudadanos. Eso también hay que cambiarlo porque eso está deformando por completo al Estado, el sentido de los subsidios y a quién se le entregan, cuáles son los requisitos. Eso está profundamente trastocado y se está volviendo un fuente de corrupción enorme, eso se tiene que corregir y creo que la Constitución no sea culpable de eso. Quiero felicitar al Presidente Santos, al director del Partido Liberal, Rafael Pardo, al senador Juan Fernando Cristo, al representante a la Cámara Guillermo Rivera, a las bancadas de Senado y Cámara. Al ministro de Justicia y del Interior, Germán Vargas Lleras y al de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo.

Nada como tan liberal como esa decisión. Los presidentes que en el siglo XX en nombre del Partido Liberal dieron esas batallas se llamaron Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Ellos creían y sabían que el tema de la tierra era un tema crítico en la sociedad colombiana. Aunque ese tema ha cambiado de carácter, la actuación de los actores del conflicto armado, de empresarios abusivos, del narcotraficantes disfrazados de políticos. Todas esas cosas han servido para concentrar la tierra, no sólo para despojar a su legítimo campesino sino para concentrar la tierra de manera inaudita y llevar las tierras a volverlas improductivas cuando fueron productivas y eso es algo que tenemos que batallar. El partido tomó esa bandera en el Congreso, el director del Partido Liberal la recogió, el Presidente Juan Manuel Santos la retomó dentro de su plan de gobierno y ese es un asunto fundamental en este aspecto: la lectura de la Constitución a la luz de los compromisos internacionales de Colombia. Eso es fundamental, también a la luz de los pactos de los que Colombia hace parte.

En Colombia hay conflicto interno, digamos lo que digamos. Debemos ser leales con el Pacto de Ginebra, que reconoce que esto es un problema. No importa que los alzados en armas tengan problemas de terrorismo y de narcotráfico pero hay un conflicto. Así tenga ese origen, hay que aceptarlo y eso es algo que es fundamental. Celebro que usted, Sr. Presidente Santos, diga que sí podemos hacer la paz en Colombia. Obviamente no lo vamos a hacer bajo cualesquiera Constitución. No vamos a permitir que se las Farc pida una constituyente para redactar una Constitución a su gusto. Ni más faltaba que eso fuera ocurrir. Hay que darles garantías, hay que asegurarse de que se reintegren a la vida cívica. Hay que darle fin al tema del alzamiento armado del pasado, así tengo mil elementos criminales que se la han ido asociando.

Control político

El control jurídico quedó sumamente bien en la Constitución. En la Corte Constitucional, los nuevos elementos del Estado de excepción ha funcionado supremamente bien, pero el control político todavía es débil y es algo en lo que tenemos que avanzar mucho más. Voy a soltar en borrador algunas ideas: el gobierno no está convocando comisiones de investigaciones en las que se puedan oír a particulares. Eso es un desperdicio. Es una de las grandes funciones del Congreso norteamericano. Yo me pregunto: ¿hubiera ameritado el tema de las pirámides una comisión del Congreso en la que se hubiera podido citar a particulares? Yo creo que sí y creo que aún se puede hacer. De manera que si esa es una función del Congreso, hay que perfeccionarla. Con respecto al presupuesto, lo mínimo es que haya una real aprobación del presupuesto así el gobierno tenga iniciativa del gasto. Hagamos por lo menos el esfuerzo de crear una oficina, que aunque sea el remedo de la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que es la que dice si hay presupuesto o no para las cosas y no el secretario del Tesoro. El Congreso tiene que saber qué se está haciendo y saber acerca de los presupuestos. Hagamos un esfuerzo por darle transparencia a lo que se aprueba, por darle subsidios a quién se le van a otorgar y la manera como se va a hacer. Esas son desviaciones que han ocurrido en los últimos años y tienen que ver con eso, con que en la práctica el gobierno puede hacer con los recursos públicos lo que quiera sin ningún control y eso es supremamente dañino. Muchos de los problemas tienen que ver con eso. De manera que eso es algo en lo que tenemos que dar un paso.

La reelección del Presidente ya está en la Constitución. Oiga, aprobemos el proyecto de reforma constitucional que preparó el Partido Liberal para resolver los problemas de contrapeso que el Presidente cuando lo reelijan tenga limitaciones en la composición de los otros órganos públicos. Si esa norma se va a quedar en la Constitución, adoptemos ese proyecto que es fundamental, lo otro que tenemos que hacer es crear un mecanismos de garantías reales. El estatuto anticorrupción tiene algunas normas que son muy convenientes, por ejemplo lo relacionado con los contratistas y de los recursos que se pueden recibir y de transparencia. Creo que hay que ir más lejos porque se nos está creando un sistema absurdo de que sólo el Presidente puede hacer política. El Presidente hace política pero al gobernador lo sancionan porque hizo una cosa que el Presidente le pidió. Son cosas complejas. La reforma de 2003 empezó a trabajar sobre qué pueden hacer los funcionarios públicos y qué no pueden hacer. Ese tema hay que volverlo un asunto serio. El que los funcionarios públicos no puedan hacer política es una farsa, todos los funcionarios públicos hacen política. Digamos qué pueden hacer y qué no pueden hacer. En vez de vivir bajo esa fantasía. Creo que es tiempo de que el Senado tenga la facultad para ratificar los embajadores de Colombia en el exterior, creo que ese lujo ya se lo puede dar el país, de hecho eso le haría bien a la democracia.

Hay mucho caos en las citaciones que hace el Congreso. Creo que va siendo hora de mirar los mecanismos que usa el sistema parlamentario: los ministros van a una hora fija un día fijo y contestan preguntas. Ellos tienen que saber qué pasa en sus despachos e instituciones. Ganaríamos mucho en cuanto a control político se refiere. El sistema de control político que manejamos en bastante caótico, por eso esa labor que hace en Congreso no tiene eco, son demasiadas horas.

Los informes del Presidente y de los ministros al Congreso debe contener información clara. El congreso debería tener la posibilidad de pronunciarse sobre los informes que les han rendido. Las minorías étnicas también deberían tener mayor espacio en el que puedan discrepar o no sobre los temas discutidos. Eso es enriquecer el control político, un estatuto de la oposición es precisamente ir y llenar ese mundo de vacíos que existen. Creo que eso justificaría una reforma política. Las garantías de la oposición no consisten en que les den cuotas sino espacios de interlocución en los que puedan manifestar sus conceptos sobre los gobiernos de turno. Es poder ejercer un real control político. Hoy desafortunadamente no tentemos todos los mecanismos.

Yo les agradezco a todos esta celebración, que es de la Constitución y no la de Gaviria. Quiero decirles que me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, me siento muy orgulloso de que las ideas y principios liberales quedaron consagrados en la Constitución. Esta es una Constitución que defendemos y que la sentimos como propia. Sentí mucho gusto cuando el Presidente López dijo en la difícil campaña de 2006: “lo que tiene que hacer el Liberalismo en las plazas públicas, y yo lo voy a hacer, es defender la Constitución”. Esa es la principal bandera que el Partido Liberal debe tener. Con eso saldó una buena parte de los desacuerdos jurídicos que tenía el Presidente López, en relación con la Constitución. Él terminó jugando un papel muy constructivo en la conformación de la Carta Política. También al Presidente Virgilio Barco. También le tengo que hacer un homenaje final a Luis Carlos Galán, quien en gran medida tiene que ver mucho con este proceso ya que él representaba transformación así como un cambio profundo en las instituciones porque creía mucho en la reivindicación de los derechos.

Les agradezco a los miembros de otros partidos que nos han acompañado. Alberto Casas en nombre del Partido Conservador, Antonio Navarro y Constituyentes de otros partidos. Creo que sí teníamos un buen motivo para celebrar los 20 años de la Constitución.

Muchas gracias.